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Editoriales | Paro Nacional

Dinámicas públicas de la protesta: un breve análisis de la movilización social

Laura Isabel Cepeda Chala
[email protected]
Estudiante de Ciencia Política
Séptimo semestre
Universidad el Bosque

El Paro Nacional en Colombia ha presentado un estallido socio-político sin precedentes que ha estremecido a todo el país. Esta situación nos convoca como jóvenes a ser críticos y analizar qué está pasando con los diferentes sectores de la sociedad; ¿por qué alegan quienes expresan no estar de acuerdo con el Paro, ¿porqué un grupo de jóvenes decide salir a marchar y más aún, ¿cómo están evaluando la situación quienes toman las decisiones en el país? 

En medio de una efervescencia social frente al descontento con el gobierno de turno —y con gobiernos anteriores—, se observan conductas de ciertos grupos que se autodenominan “ciudadanos de bien”, que terminaron replicando actitudes de colonizadores de este país. Expresiones como “¿qué hacen los indígenas en la ciudad?” y denominaciones de algunos medios locales que hacen una insólita distinción entre ciudadanos e indígenas de una manera despótica y hasta vergonzosa pensando en la raíces de nuestra población; ¿los indígenas no son ciudadanos colombianos? 

Sin duda alguna hace reflexionar sobre qué está pasando en el entramado social, que como se ha observado, sigue siendo en algunas generaciones clasista, racista, homofóbico, patriarcal. El derecho a la ciudad (en tanto a la protesta y toma de las calles) es para todos los colombianos, y es por ello que deja en entredicho la posición del gobierno al decir que los indígenas deben volver a su “habitad” ¿es que son animales? Es una posición en la que se deshumanizan grupos que por décadas han sido vulnerados e invisibilizados en cuanto a sus derechos civiles. 

Se evidencia una intención por parte de los tomadores de decisión en el gobierno en cuanto a desterritorializar y al mismo tiempo territorializar espacios para la protesta social; Recordemos, primero, que el concepto de desterritorialización hace referencia a las actuaciones por parte de un grupo —en este caso gobernantes y fuerza pública—, que atenta y vulnera la autonomía de los actores locales y de su posibilidad de desarrollo de lógicas de acción colectivas. En otras palabras, desterritorialización puede ser la dinámica que se evidencia en estos días, donde las protestas pacíficas son intervenidas por la fuerza pública y no las dejan desarrollar como un derecho al espacio público, al barrio, a la localidad y a la comunidad. Es allí donde se atenta contra la autonomía de un grupo que se ha apropiado de su espacio por una causa; se vulnera el lugar que se ha construido como territorialidad, en el que se convive diariamente y tiene ya unas dinámicas, unas relaciones establecidas y en dónde hay una estructura social que se quiere desterritorializar.

Ahora bien, existen muchas formas de desterritorializar a un grupo de personas, históricamente se ha hecho con la guerra o incluso con el lenguaje. Para nuestro contexto, basta recordar la idea del actual Ministro de Defensa, Diego Molano sobre construir un “protestodromo” para no irrumpir la cotidianidad de los espacios públicos en la ciudad. Es el mismo discurso -refiriéndonos al lenguaje- que utilizan quienes no están de acuerdo con el Paro, al expresar posiciones como “yo no paro, yo produzco” o “el que es pobre es pobre porque quiere” incluso al referirse a los manifestantes como “vándalos, desocupados”. ¿Garantiza verdaderamente el derecho a la movilización y al descontento social? Es la misma dinámica que se revela tras relegar a los indígenas a un solo espacio y que protesten allí, en sus hábitats.

El gobierno tiene una clara intención de territorializar la movilización en un solo espacio, es decir que vivan la dinámicas y flujos sociales en el lugar en que ellos deciden que se debe protestar, para tratar de hacer ver a organismos internacionales que aquí se garantiza el derecho a la movilización. Y desterritorializar los flujos en las ciudades para que los ciudadanos de bien vivan tranquilamente y puedan trabajar. Con ello me refiero al hecho de que se segrega toda una ciudadanía que está en desacuerdo con el gobierno a movilizarse en un lugar ajeno a sus vidas cotidianas y hasta prohibir esta movilización porque atenta contra una minoría que defiende el gobierno de turno, y la tradición política del país, en tanto no tienen “paz”. Ahora bien, el gobierno no está entendiendo cuáles son las demandas de la movilización. Sí, en plural porque son muchas. Esta movilización ha unido -gracias a Duque- varios sectores como estudiantes, mujeres, indígenas, maestros, trabajadores, sector salud, campesinos y demás; y las demandas son múltiples a pesar de que el estallido surge a partir de la intención de tumbar una nefasta reforma tributaria. Sin embargo, es el gobierno quien termina legitimando esas demandas, son las instituciones que determinan qué es y que no es una demanda ciudadana. Esto también configura una forma de desterritorialización al decidir qué temas se van a tratar en la agenda pública, sin mencionar que el comité del Paro tampoco está representando todos estos grupos poblacionales.

Es importante mencionar que existe en general un descontento que venía desde 2013 con el Paro de camioneros y que se fue acumulando hasta que termina revelándose en este estallido actual. Eso significa que las demandas no han sido respondidas de manera efectiva por los anteriores gobiernos, por el contrario, hoy hay más pobreza que nunca y con ello falta de oportunidades tanto en educación como en empleo agravado sin duda por la pandemia. Hay desesperanza en los jóvenes; hay rabia ante el abuso policial, específicamente a los cuerpos de las mujeres y población transgénero, hay indignación por parte de los trabajadores al no tener condiciones laborales justas, hay frustración ante el sistema económico neoliberal que ha acabado con el campesinado colombiano; ya todos estamos cansados de la guerra y listo para seguir en pié de lucha porque no tenemos nada que perder.

En conclusión, no solo es el gobierno de turno, sino todos los gobiernos narcoterroristas que ha tenido el país, que han luchado por mantener un status quo con una misma fórmula de populismo y discurso de masas; que en la práctica solo beneficia una minoría dueña de los medios de producción en el país. Esta efervescencia social está demostrando que las nuevas generaciones ya no están creyendo el discurso de siempre, ese que alega la necesidad de una doctrina de seguridad nacional porque hay un enemigo interno común: el que tiene una alternativa política diferente a la tradicional o algo más actual como el “castrochavismo”1 o incluso la amenaza de “nos vamos a volver como Venezuela”.

 Esta generación no come cuento, no quiere más guerra, quiere un cambio. Y ese cambio comienza desde la institución de la familia, nosotros debemos educar a nuestras familias, descodificar esas costumbres e ideas que han acabado con este país. Hay que eliminar la “normalización” que el Estado ha impuesto, no es normal para nuestra generación que las fuerzas militares masacren, que un grupo de civiles con índole de superioridad dispare a nuestros indigenas, que siga presente el patriarcado heterosexual. ¡Basta ya!


1  Concepto adoptado durante las campañas presidenciales de Colombia para 2018, se refiere a las políticas sociales y económicas de Castro en Cuba y de Chávez en Venezuela. Generalmente, es utilizado para sembrar terror sobre el socialismo y lo que ha acontecido socialmente en los países mencionados, especialmente en Venezuela.

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